Participacion del Diputado Federal Rosendo Serrano Toledo, en la defensa del Petroleo

El gobierno entrega a la rapiña de petroleras un recurso estratégico, advierten especialistas

Desastre ambiental que provocó Chevron es alerta para México

Mientras en Ecuador, Bolivia y Argentina están sacando a trasnacionales, aquí les abrimos las puertas

Televisa, implicada en la entrega del petróleo, afirma Virgilio Caballero

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Marcos Agustin Cueva, Javier Jiménez Espriú, el diputado Rosendo Serrano Toledo, Adalberto Santana y el periodista Virgilio Caballero, durante la mesa redonda realizada ayer en la UNAM sobre el caso de Chevron en EcuadorFoto Roberto García Ortiz
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de febrero de 2014, p. 33

El desastre ambiental que provocó Chevron-Texaco en Ecuador y el posterior largo litigio internacional en el que se pretende que el pueblo ecuatoriano pague lo que ellos contaminaron es una advertencia importante para México debido a que el gobierno está entregando a esas mismas compañías el petróleo, considerado por los países desarrollados un recurso estratégico, coincidieron en alertar diversos especialistas.

Al participar en la mesa redonda El caso Chevron en Ecuador, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (Cialc) de la UNAM y la embajada de Ecuador en México, Javier Jiménez Espriú, destacado universitario y ex funcionario público, afirmó que el pueblo de Ecuador es víctima de la voracidad y la rapiña de las petroleras internacionales, y es al mismo tiempo una advertencia importante para el pueblo de México, porque nuestro gobierno se encuentra entregando nuestra industria petrolera a esos mismos consorcios internacionales, tratando de convencernos que las siete (petroleras) son hermanas de la caridad.

Jiménez Espriú recordó que hasta los años 90 era un principio incuestionable que los recursos pertenecían al país que los poseyera. La Asamblea General de la ONU declaró en 1962 por primera vez el derecho de las naciones a la soberanía plena sobre sus recursos naturales. En 1974 aprobó el estatuto sobre derechos y obligaciones de los Estados, donde expresamente afirmó que cada Estado tenía y ejercería la soberanía plena de su riqueza y recursos naturales y actividades económicas.

Sin embargo, esta visión de respeto a la soberanía de los Estados cambiaría radicalmente a partir de 1990, cuando John Williamson, economista del Banco Mundial, escribió un documento que tituló el Consenso de Washington. Este texto, de consecuencias lamentables para nuestros países, prescribía las condiciones bajo las que una red de instituciones internacionales como el mencionado banco, el Fondo Monetario Internacional, entre otras, otorgarían créditos a los países en desarrollo.

En 2002 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil millones de dólares con los que ese país contribuía a los bancos internacionales de desarrollo, las trasnacionales estadunidenses recibían más de 2 mil millones de dólares en contratos en los países subdesarrollados.

A partir del Consenso de Washington muchos países cedieron a estas presiones internacionales entregando sus mercados, industrias y recursos naturales a las empresas trasnacionales.

Desde el punto de vista jurídico esto se hizo mediante la firma de acuerdos internacionales como los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales y multilaterales de protección a la inversión y otros acuerdos similares.

En este andamiaje de tratados no sólo se entregaron mercados y se privatizaron empresas públicas; también se privatizó la impartición de justicia. Con el argumento de que no sería justo hacer que las trasnacionales litigaran sus disputas con los Estados en los tribunales de los Estados, pues eso los convertía en juez y parte, los tratados incluyeron la obligación de dirimir las controversias con los inversionistas extranjeros mediante arbitrajes internacionales, bajo la estructura del Banco Mundial.

Marcos Agustín Cueva,del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que las trasnacionales, como sucede en México con la minería, vienen a utilizar mano de obra menos exigente, disponibilidad de recursos naturales y aprovechar huecos en las regulaciones.

La experiencia de Ecuador es elocuente. Texaco operó en ese país desde 1964 hasta 1992. En ese lapso la petrolera fue responsable del derrame de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, como determinó una corte ecuatoriana después de nueve años de juicio. Texaco Chevron rechazó excusarse, por lo que en 2012 se ratificó la sentencia y la trasnacional fue condenada a pagar 19 mil millones de dolares.

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El embajador de Venezuela en México, Hugo José García, participó en la mesa redondaFoto Roberto García Ortiz

Luego la petrolera demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. La defensa de Ecuador sostuvo, entre otros muchos argumentos, que el tribunal de arbitraje de la corte no era competente, puesto que el tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos fue firmado en 1993 y entró en vigor en 1997, cinco años después del fin de las inversiones de Texaco en Ecuador.

Sin embargo, y a pesar de que dicho tratado no tiene efectos retroactivos, el tribunal se consideró competente y ordenó al gobierno de Ecuador que suspendiera la ejecución de la sentencia, algo que el Ejecutivo ecuatoriano, Rafael Correa, no puede hacer dentro del marco constitucional.

Rosendo Serrano, diputado federal y presidente del Grupo de Amigos de México y Ecuador, señaló que en este país vamos para atrás. Aseguró que no hay ninguna transnacional en el mundo que tenga conciencia social. Por el contrario, contaminan más en los países donde se establecen. Mientras otros países como Ecuador, Bolivia y Argentina están sacando a estas empresas, nosotros les estamos abriendo las puertas.

Carlos Véjar Rubio, investigador del Cialc, habló sobre la nacionalización del petróleo en México, donde el pueblo se volcó a cooperar para pagar las indemnizaciones a las compañías petroleras. Recordó el gesto espontáneo de los ciudadanos de la Habana, Cuba, quienes también hicieron una colecta para ayudar a México a pagar a las trasnacionales.

Consideró que Chevron está haciendo un fraude procesal y ese es un delito muy grave, por lo que ante la eventual entrada de las petroleras internacionales advirtió: Hay que poner nuestras barbas a remojar.

Esta generación de jóvenes que están en el gobierno, añadió, no tienen nada de nacionalistas y quieren tener una estrella aquí para llevársela a Estados Unidos. No estamos cerrados al avance ni a las inversiones pero no a costa de la humillación. Estas compañías pisotean nuestra soberanía, subrayó.

En su oportunidad, el periodista Virgilio Dante Caballero Pedraza manifestó que este tema va más allá de las fronteras con Ecuador y consideró que este lío que Chevron ha armado se ha convertido en un problema político. Aseguró que con el Consenso de Washington comenzó el proceso de privatización de todo, incluyendo la justicia, pero esto no sería posible sin la complicidad de los gobiernos entreguistas.

Caballero denunció que Televisa está implicada en la entrega del petróleo. Hay un grupo financiero importantísimo (Black Rock) que participa con 10 por ciento de las acciones de la televisora. Es decir, las petroleras tienen como cómplice fundamental a la televisión mercantil de México.

En el encuentro participó como moderador Adalberto Santana. Asistieron el embajador de Ecuador en México, Alfonso López Araujo; el embajador de Venezuela acreditado en este país, Hugo García, así como representantes de la embajada en Cuba y Belice, entre otros.

Coparmex pidesegunda ronda cero

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que el gobierno federal otorgue a las empresas mexicanas los permisos para operar los campos petroleros que Petróleos Mexicanos (Pemex) pudiera desestimar, a fin de seguir desarrollándolos. El planteamiento es que haya una segunda ronda cero para que las empresas mexicanas operen los pozos petroleros ya jubilados o los que registran bajas producciones, dijo el presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón.

(Julio Reyna Quiroz)

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